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Inés Fernández mantiene la esperanza de que se haga justicia. Ocho años después de ser violada por tres militares, esta mujer de etnia me'phaa, que camina descalza y apenas entiende español, ha conseguido que el Gobierno de México se siente en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vez primera por tortura sexual a una indígena. Aunque su caso no es único. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan reporta hasta ocho violaciones a mujeres indígenas a manos del Ejército en el mexicano estado de Guerrero, el más pobre del país. La diferencia, Inés se atrevió a denunciar.
Una valentía que la acompaña cada día, para enfrentarse a las autoridades, a los militares e incluso a sus vecinos. Cuando camina por Barranca Tecuani, su pequeña aldea de 540 personas enclavada en la región de la Montaña de Guerrero, la señalan y murmuran: "Allá va la mujer de los guachos (militares), como no puede dormir con su marido hasta con los guachos se va". Sus ojos se humedecen al contarlo, pero tiene fuerzas para continuar: "Ha sido muy difícil para mi, al principio ni mi familia lo podía entender e incluso mi esposo desconfió de mi".
El abogado Juan Castro (M.J.S.)
La violación cometida por soldados es una forma de tortura que experimentan las mujeres que viven en situaciones de conflicto en todo el mundo. Invadir el cuerpo femenino es una humillación para el enemigo y uno de los más preciados botines de guerra. Especialmente en sociedades tradicionales como los pueblos indígenas. "En las comunidades la mujer es sagrada y su dignidad representa la de toda la familia. El gobierno sabe que atacar a la mujer es clave porque humilla a toda la comunidad. En el caso de Inés es evidente que ha desmovilizado a todas las mujeres y ha quebrado parte de la organización", explica uno de los abogados de Inés, Juan Castro, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Inés y su familia, pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), una asociación que nació a mediados de los 90 para aunar esfuerzos y emprender proyectos productivos y iniciativas que mejorasen su calidad de vida, así como documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades. El estado de Guerrero, es el estado más pobre de México y uno de los más militarizados. El pretexto en la región es evitar la siembra de marihuana y opio, y controlar posibles grupos guerrilleros. Pero para Castro, esto es simplemente una "justificación, que esconde la represión y el hostigamiento a los dirigentes comunitarios, que no comulgan con el gobierno". Ya en el 1998, once campesinos de la zona, fueron masacrados por soldados del ejército. De igual manera en otras tres comunidades, fueron esterilizados a la fuerza 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud, según denuncia Tlachinollan.
La propia Inés arguye que su violación no fue casualidad. Era una de las líderes de la OPIM. En su casa se reunían quince mujeres de su pueblo para organizarse y discutir. La tarde del 22 de marzo de 2002, no tenían reunión, e Inés preparaba agua fresca para sus cuatro hijos de entre 3 y 9 años de edad. En el patio colgaban cien quilos de carne, de una vaca que su esposo Fortunato había matado recientemente. De repente entraron tres soldados y apuntándole con sus armas, le empezaron a preguntar dónde estaba su marido y de dónde habían robado esa carne. Inés no contestó, pues apenas entiende español. El silencio enojó más a los militares, y uno de ellos la tiró al suelo y la violó, bajo la mirada cómplice de sus dos compañeros. Después se fueron y le robaron la carne. Así lo contemplan todos los reportes, porque Inés ya no quiere recordar ese momento. Lo ha contado demasiadas veces, al Ministerio Público, a la Fiscalía, a los abogados, a los médicos. Y todos se pasan la pelota, o la rehuyen, como hicieron sus 15 compañeras. "Pensaban que les iba a pasar lo mismo que a mí. Así que quedé prácticamente sola, y sola emprendí la denuncia", narra Inés.
La familia de Inés Fernández (M.J.S)
Pero la soledad no fue lo peor, sinó el miedo que les metieron en el cuerpo. Sus hijos, que presenciaron la agresión, tiene miedo de ir a la escuela cuando ven militares cerca. Inés ya no se queda a solas en casa, ni sola sale a juntar la leña para cocinar, o a recoger la siembra. Tampoco lo hace Fortunato, que sólo va a trabajar en compañía de sus hermanos o si contrata peones.
Y es que motivos no les faltan. Desde que denunció, además de la estigmatización, han sufrido continuos hostigamientos y amenazas. Les insultan, les roban la cosecha, les cortan las tuberías de riego. Justo después que la CIDH aceptase a trámite la demanda, unos vecinos y presuntos informantes del ejército, agarraron a Fortunato y le pegaron mientras le decían: "¿Crees que si vas a Washington te van a creer? Es pura mentira lo que andas diciendo, pero de todas maneras, ¡vamos a estar al tanto de lo que dices!".
La demanda sería, incluso, el presunto motivo del asesinato de su hermano, Lorenzo Fernández, uno de los pocos apoyos de Inés en el proceso, y cuyo cuerpo apareció sin vida en el río hace dos años, sin que las autoridades hayan iniciado ninguna investigación.
Aún así, Inés no duda un segundo en contestar que valió la pena denunciar, y al decirlo alza su voz entre el ensordecedor silbido del molino de maíz, que cuál canto inagotable de mil chicharras, muele los granos para hacer el nixtamal, la harina de este cereal, sustento básico e imprescindible en las zonas rurales de México.
"Creo que hice algo bueno, lo que pido es que se castigue a los responsables, para que no se repita, no quiero que mis hijas o cualquier otra muchacha pase por lo mismo", añade.
Aunque en estos ocho años su denuncia no ha tenido eco en la justicia mexicana. La fiscalía pronto se lavó las manos y declinó las competencias al fuero militar, pese a que la víctima es una civil y el artículo 13 de la Constitución Mexicana establece que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". A pesar de estas limitaciones constitucionales, en los casos donde el Ejército está involucrado el estado mexicano aplica sistemáticamente el fuero castrense, perpetrando la impunidad, pues normalmente queda estancado y en cualquier caso la víctima no tiene acceso al expediente ni puede saber si hay avances.
Pero ahora, con la audiencia de la CIDH, recobró la esperanza. Tanto Inés como Castro confían en una resolución favorable. El único problema es que la Corte Interamerican sólo puede emitir recomendaciones, y esperar que el gobierno mexicano las cumpla. "No va a ser fácil. Cuando tengamos la resolución empezará otra lucha más para darle cumplimiento", subraya Castro.
Aunque el trauma no se puede remediar, Inés se muestra vehemente explicando cuál sería la reparación apropiada a su daño: "Que el gobierno ya no nos mande militares a las comunidades, sinó que nos apoye, necesitamos escuelas, clínicas, medicamentos, útiles escolares para nuestros hijos, becas para que salgan adelante, eso es lo que quiero".
Desde el centro Tlachinollan, además, se exigió a la Corte que establezca mecanismos para poner fin a la impunidad. Sin embargo, las vulneraciones a los derechos humanos por parte del ejército se suceden. Este 27 y 28 de mayo, la Corte analizará el caso idéntico de otra indígena me'phaa, Valentina Rosendo, quien fue ultrajada por soldados el 16 de febrero de 2002, en una comunidad cercana a la de Fernández.
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